Contradicciones históricas ante la emigración y la inmigración
Italia, el miedo a los invasores en un país de emigrantes
Oscar Camps
FUENTE: El Independiente, 31 Agosto 2024
La actual política de gestión de la inmigración en Italia por parte del Gobierno de Giorgia Meloni es difícil de analizar sin recordar algunos antecedentes históricos sobre este tema.
Italia se encontró a sí misma como un país de inmigración a principios de los años 90. Hasta entonces se describía casi exclusivamente como un país de emigrantes. Si hubiera que identificar una imagen de cuándo cambió esta percepción, sería sin duda la de la llegada del Nave Vlora al puerto de Bari, a principios de agosto de 1991. A bordo iban más de veinte mil albaneses, que huían tras la caída del régimen comunista.
En aquellos años, cuando el número de extranjeros registrados en Italia superaba ligeramente los 500.000, se adoptaron las primeras medidas legislativas para la gestión de los flujos entrantes. Estas medidas legislativas siguen vigentes hoy en día y representan la actual ley de inmigración. A lo largo del tiempo se han introducido muchos cambios, pero hay un aspecto que nunca ha cambiado: la percepción de los inmigrantes. En efecto, siempre se les ha calificado de invasores, frente a la población local considerada siempre en peligro.
La actual política de gestión de los flujos ve a los migrantes como invasores y a quienes les apoyan como delincuentes
Entonces, en 2017, ocurrió algo realmente único. Ese año comenzó una campaña de desprestigio contra las organizaciones humanitarias que realizan rescates en el mar. Estas son una expresión directa de la sociedad civil: ciudadanos que a lo largo de los años han aportado su experiencia profesional para rescatar a personas en apuros en el Mediterráneo central. La cuestión, como se desprende de los numerosos titulares y comunicados en las redes sociales, no es la inmigración como tal, ni las personas que llegan ni la magnitud de los flujos, sino la parte humanitaria señalada por, supuestamente, facilitar las salidas. Las mismas organizaciones, a lo largo de los años, han sido acusadas, sin una base real para ello, de ser un factor de atracción, de actuar fuera de un marco legal y de estar confabuladas con los traficantes de personas.
Es en este contexto en el que hay que situar la actual política de gestión de los flujos. Es decir, en un escenario que ve a los migrantes como invasores y a quienes les apoyan como delincuentes.
Esta equiparación ha permitido a lo largo de los años la aprobación de leyes que dificultan las prácticas de salvamento marítimo. Entre ellas, la ley 77/2019 (convertida por el decreto de seguridad bis de 53/2019) y la más reciente ley Piantedosi, 15/2023. La primera introdujo la prohibición de «entrar, transitar o hacer escala en aguas territoriales italianas» salvo en caso de autorización de los ministerios de Interior, Defensa y Transportes, con sanción al capitán del buque del pago de una suma de entre 150.000 y 1.000.000 de euros.