Un pacto para la muerte: el de migración y ¿asilo? de la UE
El mundo en que vivimos
INMIGRACIÓN: UN PACTO PARA LA MUERTE
Lo ha vuelto a hacer, pese a las argumentadas protestas de las ONGs y la sociedad civil. Tal como se temía, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente el 10 de abril el nuevo Pacto sobre Migraciones y Asilo de la Unión Europea (UE), que llevaba varios años negociándose entre las fuerzas políticas con notable opacidad. La negociación para llegar al Pacto se fue endureciendo al ganar peso las posiciones más xenófobas de la extrema derecha en el Continente.
Las terminologías diplomáticas, los lenguajes elusivos y las expresiones deliberadamente farragosas y de difícil comprensión, no llegan a ocultar las políticas racistas, eurocéntricas y estigmatizantes, que algunos han llamado “necropolítica migratoria”. Aparece una nueva normativa que tendrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerras, expolio y genocidios, en opinión unánime de las ONGs. “Hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causará más sufrimiento humano”, ha declarado Amnistía Internacional.
El nuevo pacto dice adiós a la “solidaridad” en el proceso de reubicación de refugiados, que había nacido en 2015 y según la cual los estados deberían asumir cuotas en el reparto de refugiados. El acuerdo fija un umbral de acogida de 30.000 refugiados al año, que deberán repartirse entre los estados miembros de la UE. Los estados que se nieguen a recibirlos deberán pagar 20.000 euros por cada persona rechazada.
Los parlamentarios europeos y el resto de instituciones de la Unión han eludido sus responsabilidades en la protección de las personas refugiadas. Se han negado a abrir y ampliar vías seguras y posibles para que la gente alcance la protección en Europa sin hacer trayectos peligrosos, y a invertir en una acogida digna para quienes solicitan asilo en Europa, con asistencia social y seguridad para todos. Y han aprobado el conjunto de políticas migratorias más mortíferas de la historia, que significarán criminalización, más perfiles raciales y cárceles, y más tecnología armamentística para la vigilancia de las fronteras.
El Pacto constituye un paso más para negar el derecho de asilo, con un examen más rápido de las solicitudes y medidas para garantizar deportaciones también más rápidas y efectivas. Reafirma la externalización de las fronteras y las devoluciones sumarias ilegítimas y a menudo violentas. Amplía hasta doce semanas los plazos en que los inmigrantes pueden ser detenidos mientras se resuelven los expedientes. Se trata de que los “otros” no lleguen, de externalizar fronteras y aplicar procedimientos acelerados que violan el principio de no devolución.
Las personas que traten de entrar en el Continente de manera irregular serán sometidas a un “control previo” en las fronteras por medio de huellas dactilares y datos faciales mediante sistemas biométricos; en ese proceso se incluirá a niños a partir de los seis años. Los controles tecnológicos facilitarán la persecución y la fiscalización de las personas migrantes, pero ningún mecanismo asegura una evaluación justa de sus necesidades de protección. Para la mayoría de los migrantes, la solicitud de asilo acabará en esas “fronteras externas”, desde donde serán expulsados.
Se abre de par en par la puerta a los abusos contra los derechos humanos, proporcionando un respaldo “legal” a la privación arbitraria de libertad. Más gente será detenida en esas fronteras, incluidas familias con menores de edad. También se institucionalizarán, con todas las facilidades, las “devoluciones en caliente” de los migrantes a sus países o a “terceros países seguros”, un eufemismo para designar a los países que colaboran con la Unión Europea, de los que ninguno puede ser considerado seguro para los migrantes.
El Pacto precisa que en situaciones de crisis, como el caso de las llegadas masivas de personas migrantes, podrán suspenderse de facto los (pocos) derechos en frontera. Y refuerza la práctica europea de pagar a países no pertenecientes a la UE para que hagan el trabajo sucio.
Desde que en 2017 la UE inició el apoyo a la guardia costera libia para que interceptara balsas de migrantes y refugiados, han proliferado otros infamantes acuerdos con países como Túnez, Marruecos, Egipto o Turquía, todos ellos conocidos por su irrespeto a los derechos humanos. La UE ha regado con muchos millones de euros a esos regímenes dictatoriales a cambio de que ejerzan el control migratorio. En el futuro habrá más acuerdos con regímenes despóticos.
Cabe señalar que en esos países se encierra a los migrantes centros de detención que han sido comparados acertadamente con campos de concentración gestionados por criminales, donde se practican habitualmente la tortura, la extorsión y la violencia sexual, y donde con frecuencia mueren personas por inanición y negligencia médica.
En el Pacto no encontraremos una palabra sobre operaciones públicas de rescate para prevenir las muertes de quienes naufragan en el Mediterráneo, que cada año se cobra la vida de más de 3.000 personas intentando llegar a Europa. Únicamente las ONGs realizan actualmente ese trabajo, permanentemente obstaculizado por las autoridades.
“Es evidente que, para la mayoría de los eurolegisladores, la prioridad es cerrar las fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte buscando protección en Europa”. Es la reflexión de Save the Children. Las ONG y las fuerzas de izquierda, en general, califican el Pacto como una «tumba» para los derechos humanos y el derecho de asilo.
Algunos eurodiputados dicen que era necesario sacar ahora este acuerdo, ya que retrasarlo podría empeorarlo aún más, ante la previsión de una masiva presencia de la ultraderecha en la Eurocámara en pocos meses. Otros opinan que el pacto abre más aún las puertas a las derechas xenófobas y racistas que quieren gobernar Europa…
Europa ha dado la espalda a Ayllan, aquel niño de tres años que apareció ahogado en la costa de Turquía en 2015, que removió las conciencias europeas ante el drama de millones de personas que intentaban llegar a Europa huyendo de los infiernos creados por Occidente en Siria, Irak y Afganistán. Muchos otros han muerto desde entonces. Y muchos más lo seguirán haciendo mientras nuestros políticos construyen la “Europa fortaleza”.
¿Alguien puede negarnos el derecho a la indignación ante esta lacerante vergüenza?