La tragedia que tuvo lugar el pasado mes de junio en la valla de Melilla adquiere, según pasan los meses, mayor repercusión. Una atmósfera de sospecha rodea al ministro Fernando Grande-Marlaska, pues un cúmulo de indicios apuntan a que desde Interior se podría haber ocultado información sobre unos hechos que ha causado, al menos, 23 víctimas mortales de migrantes en suelo marroquí. Un documental de la BBC recientemente emitido cuestiona la versión española sobre el lugar donde murieron estas 23 personas. Tras la emisión del documental británico, Grande-Marlaska ha reiterado que «ningún hecho trágico» ha ocurrido dentro de territorio nacional.

Sin embargo, Podemos, ERC y Bildu, tres socios del Gobierno, acusan a Marlaska de «mentir». Una censura que comparte el PP. Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez también critican al Gobierno del PSOE la falta de asistencia sanitaria a los migrantes, el uso de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil y que el ministro sostenga que no hubo muertos o cuerpos inertes en el lado español de la frontera.

Si estas sospechas terminasen por confirmase, resultaría especialmente llamativa el tipo de política migratoria que estaría aplicando ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que la misma refutaría el discurso que el propio Sánchez mantenía durante sus años en la oposición.

Recordamos a continuación las principales contradicciones argumentales en política migratoria de Pedro Sánchez.

Tras solo llevar 10 días al frente del Gobierno, el 17 de junio de 2018, Pedro Sánchez dio instrucciones, vía Twitter, para que las autoridades españolas acogieran en el puerto de Valencia al Aquarius, un barco de salvamento que transportaba 629 migrantes y que previamente había sido rechazado por las autoridades italianas. El 12 de agosto de 2018, el Aquarius volvió a solicitar permiso para llevar a las costas españolas a otros 141 migrantes. El Gobierno de Sánchez contestó con una negativa. Otro tanto hizo en enero de 2019 con el Open Arms, un buque que trasladaba personas en riesgo ante la aguda crisis migratoria que en se momento se vivía en el Mediterráneo.

En agosto de 2018, 116 migrantes subsaharianos fueron devueltos a Marruecos ‘en caliente’ tras saltar la valla de Ceuta. La excusa aportada por Marlaska para sostener que no se trataba de una aplicación de llamada Ley Mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y contra la que el PSOE siempre ha mostrado una rotunda oposición, fue que la devolución de los migrantes no se realizada aplicando dicha legislación, sino un acuerdo firmado en 1992 entre Marruecos y España y cuya aplicación, hasta ese momento, solo se había realizado en contadísimas ocasiones.

Pedro Sánchez, en 2014, cuando era líder de la oposición, mostró una actitud sumamente crítica hacia el entonces presidente Mariano Rajoy, cuando 15 migrantes fallecieron mientras intentaban entrar a nado en las costas de Ceuta. También desde su cuenta de Twitter, Sánchez afeó entonces a Rajoy que no mencionase la cifra de quince fallecidos. Sin embargo, en 2022, Sánchez se ha limitado a calificar de «bien resulta» la crisis de la valla de Melilla, sin mencionar en ningún momento a los 23 migrantes fallecidos.

Primero desde la oposición, y luego tras llegar a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez marcó la prioridad de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Las cuchillas fueron instaladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. El objetivo de Sánchez era cambiarlas por unos medios «menos cruentos» que garanticen «igual o más seguridad» en la frontera.

Poco después de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunciara en 2019 que el Gobierno retiraría las concertinas de los tramos más vulnerables de las vallas de Ceuta y Melilla, Marruecos comenzó a instalar un nuevo vallado, coronado también con cuchillas.

La medida estuvo financiada con los fondos que acordó a finales de 2018 la Comisión Europea; en concreto, con 140 millones de euros, junto a otros 30 millones que fueron ingresados antes en las arcas Marruecos tras las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas para financiar al reino alauita y reforzar la colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal.