La política cada vez más restrictiva de la UE ante la inmigración.

El Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (BMVI) es un mecanismo de la Unión Europea para canalizar 6.200 millones de euros entre 2021 y 2027 destinados a endurecer su control de fronteras contra la entrada de personas migrantes. La tercera parte de los fondos está destinada a la aplicación de nuevas tecnologías como sistemas informáticos a gran escala, localización remota, sistemas de detección térmica, visión nocturna o sistemas de inteligencia artificial. Otro tercio se dedica a desarrollar bancos de datos y sistemas de información, y el resto de la financiación es empleada en capacitación del personal, o cuestiones de estrategia interna.

Así lo revela una investigación conjunta entre el European Council on Refugees and Exiles y la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).

Las vallas físicas han proliferado en las fronteras exteriores de los Estados miembros y dentro de los países UE multiplicándose por más de seis entre 2014 y 2022. Pero además se han vuelto cada vez más sofisticadas, combinando estructuras físicas y tecnologías de vanguardia para controlar e impedir los movimientos de personas en las fronteras, además de usar perros para acosar a los migrantes, que “ha dado lugar a un aumento de la violencia y de las violaciones de los derechos fundamentales.”

A esos recursos contra la inmigración hay que agregar toda la financiación recibida a través del Pacto sobre Migración y Asilo y las agencias destinadas a la persecución y expulsión de migrantes, como Frontex, que dispone de un presupuesto de 40.000 millones de euros para el período 2023-2027.

La Unión Europea, abunda el informe, expulsó en 2023 a 91.455 y dejó morir en aguas del mediterráneo a 11 personas por día en ese año.