La políitica de las migraciones ¿es racista?

Inmigración: la perversión de la política

Los flashes mediáticos han estado en otras partes, y casi ni nos hemos enterados de una nueva tragedia de la inmigración: Cincuenta personas fallecieron recientemente en un cayuco que se dirigía a las Islas Canarias, luego de trece días de angustiosa travesía en el Atlántico. La mayoría eran paquistaníes.

2024 cerró como el año con más víctimas tratando de alcanzar las costas españolas. 10.457 personas fallecieron en el mar, de las que 9.757 lo hicieron cuando se dirigían hacia las islas Canarias, según la ONG Caminando Fronteras. Casi 47.000 migrantes llegaron ese año a las Islas, un 18% más que el año anterior. El alto nivel de violencia que padecen las personas que migran desde Argelia o el norte de Marruecos y la militarización de las rutas mediterráneas les obliga a optar por la ruta canaria, la más peligrosa y cada vez más transitada.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024 no tiene en cuenta los derechos de las personas que huyen de la muerte y da pie para reducir las garantías del derecho de asilo y reforzar las políticas de devolución y de externalización de fronteras, cada día más militarizadas.

La militarización no consigue el objetivo pretendido por la Europa fortaleza, de frenar los flujos migratorios de personas negras y árabes, pero sí genera la muerte de cada vez más personas a causa de obstaculizar el acceso seguro y legal de quienes buscan refugio que los defienda de los efectos de las guerras, del hambre, de la pobreza, del cambio climático, de la explotación laboral, el reclutamiento forzado o los matrimonios forzosos.

¡Qué distinto a los inicios de 2022, cuando llegaron a Europa cientos de miles de refugiados ucranianos, blancos y cristianos! Triste es reconocer que las políticas migratorias europeas están teñidas de racismo… Varios países están emitiendo leyes para restringir el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios de salud y educación, y para obligar a sus funcionarios a denunciar a las personas en situación irregular, actitudes que se distancian poco del fascismo. Acciones similares se replican en Estados Unidos, Japón, Australia o Sudáfrica.

Recientemente, el gobierno de la Comunidad Valenciana se ha uncido al carro de la hostilidad hacia las organizaciones de solidaridad que rescatan migrantes en el mar. Ha reclamado tasas portuarias con carácter retroactivo, por un total de 450.000 euros, a diez barcos de rescate humanitario que atracaban en los puertos valencianos, pese a que la legislación les exime de esas tasas.

Las organizaciones sociales y humanitarias han señalado que la medida podría poner en peligro los derechos de las organizaciones humanitarias y afectar su capacidad para operar de manera coherente y legal para evitar que miles de personas mueran ahogadas en el Mediterráneo. Incluso la Comisión Europea ha expresado dudas sobre la legalidad de estas tasas y avisa de posibles riesgos en términos de seguridad jurídica, subrayando que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de garantizar que las operaciones de rescate en el mar, incluidas las realizadas por embarcaciones humanitarias, no se vean obstaculizadas por barreras legales.

Las organizaciones humanitarias demandan, una vez más, que se garanticen vías seguras y legales para la inmigración y operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, desembarcos seguros, acogida en la comunidad y acceso a los servicios de asilo.

 

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