Cada vez más difícil
Los barcos de rescate en el punto de mira
El gobierno de la Comunidad Valenciana (del Partido Popular) ha exigido al barco humanitario Aita Mari, que rescata pateras en el Mediterráneo, pagar con carácter retroactivo las tasas por haber utilizado puertos de esa Comunidad para desembarcar migrantes rescatados y para hacer tareas de reparación y mantenimiento. Ello implica 63.300 euros.
Es una manifestación más de la estrategia de los gobiernos de derecha en Europa para impedir el rescate en alta mar y obstaculizar la llegada de las personas migrantes y refugiadas. Los barcos de rescate son criminalizados y las personas responsables son denunciadas como colaboradoras con las mafias.
Los organismos de rescate oficiales, de manera especial la agencia europea Frontex, con frecuencia impiden que se lleven a cabo los salvamentos, retrasando la llegada al punto donde se encuentran las naves precarias y devolviéndolas al país de origen, lo que ha hecho que miles de buscadores de la vida hayan caído de nuevo en el infierno de malos tratos de Libia.
La mayoría de los inmigrantes que llegan de forma irregular a Europa proceden de países donde empresas europeas, aliadas con las élites políticas, militares y económicas locales y con organizaciones paramilitares, explotan los recursos naturales sin dejar ningún beneficio al país. La pobreza y la violencia obligan a la población a buscar la vida en Europa.
Según la Comisión Católica Española de Migraciones, al menos 3.997 personas murieron en 2023 en la frontera sur de Europa. Sin el rescate de los barcos humanitarios, las vidas perdidas serían muchas más. Los barcos de las ONGs de rescate que operan en el Mediterráneo se hacen imprescindibles.