Un paso adelante, pero insuficiente
Reformas a la ley de extranjería
El gobierno español ha aprobado unas reformas al Reglamento de la Ley de Extranjería, que simplifica los requisitos para obtener los permisos de residencia y trabajo.
Las nuevas normas reducen de tres a dos años el tiempo que una persona migrante en situación irregular debe haber vivido en España para poder tramitar un permiso de residencia por «arraigo social». El Gobierno también reconocerá el «arraigo sociolaboral» a los ciudadanos que presenten una oferta de trabajo de, al menos, 20 horas semanales. También contemplan el arraigo «socioformativo», «familiar» y «de segunda oportunidad» para quienes han tenido autorización de residencia en los últimos dos años y no la han visto renovada.
El Ministerio calcula que, con esta reforma, podrán regularizarse de media 300.000 personas cada año hasta 2027.
Las organizaciones humanitarias reconocen que es un paso adelante, pero señalan que la medida se plantea desde un punto de vista empresarial, no desde los derechos humanos de los. El gobierno reconoce que la medida servirá “para atender las necesidades del mercado laboral”. De hecho, el Banco Mundial y la Comisión Europea calculan que en España son necesarias cerca de 250.000 personas migrantes al año para sostener el estado de bienestar.
Las personas que hayan entrado en España por “pasos fronterizos no habilitados” (la mayoría de los que llegan de África) no serán beneficiarios de la medida. También quedan fuera los top manta (vendedores callejeros), los solicitantes de protección internacional y quienes llegan a España solas y no están matriculadas en ningún curso.
La reforma de la Ley de Extranjería es independiente de la Iniciativa Legislativa Popular que desde el mes de abril se tramita en el Congreso para regularizar a medio millón de migrantes, cuyos promotores esperan que sea votada antes de fin de año.