¿Temporeros? ¿o esclavos?
El desalojo de 60 inmigrantes con varios menores en un asentamiento de Níjar genera indignación
El Ayuntamiento asegura que la situación está fuera de sus competencias. Las asociaciones denuncian el «abandono» a los inmigrantes
Principio del formulario
FUENTE: Vozpopuli, 25/02/2025 ·
Este martes por la mañana, alrededor de 60 personas inmigrantes, entre ellas nueve menores de edad, fueron desalojadas de un asentamiento de infraviviendas en el Cortijo El Uno, ubicado en Níjar (Almería). La medida fue ejecutada tras la orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería, lo que llevó a la comitiva judicial a presentarse en el lugar a las 9:40 horas, acompañada por efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, además de maquinaria pesada para la demolición de las chabolas.
Desde el lunes, la mayoría de los habitantes del asentamiento habían abandonado el lugar, pero más de una veintena de personas, entre ellas mujeres y menores, permanecieron en la finca hasta la llegada de las autoridades. Durante el operativo, los desalojados trataron de recoger sus pocas pertenencias y se mostraron visiblemente afectados, con escenas de llanto y desesperación. Sin embargo, el desalojo se llevó a cabo sin altercados significativos, salvo algunas protestas por la falta de apoyo de las administraciones públicas y la patronal agrícola.
Las máquinas excavadoras, transportadas en camiones de gran tonelaje, ingresaron al terreno para derribar las infraviviendas, asegurando que no pudieran volver a ser ocupadas. La destrucción de estos hogares improvisados dejó a decenas de personas sin un lugar donde refugiarse, en un contexto donde la crisis habitacional en la zona ya es alarmante.
Asentamientos ilegales y la precariedad en Níjar
La localidad de Níjar alberga gran parte de los asentamientos chabolistas de Almería, los cuales están dispersos por todo el municipio. La agricultura intensiva que se practica en la provincia cuenta con una extensión de que producen tres millones de toneladas de frutas y hortalizas al año. La necesidad 30.000 hectáreas de mano de obra es imperiosa, por lo que gran parte de la población en estos municipios se dedica al sector. A pesar de los beneficios económicos que genera esta actividad, muchos trabajadores migrantes viven en condiciones de extrema precariedad.
El 27 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Níjar aprobó el I Plan Local de Erradicación de los Asentamientos Chabolistas, en el que se comprometía a elaborar y actualizar un censo de los asentamientos. Según fuentes del consistorio, más de 2.000 personas viven en estas condiciones, repartidas en 30 “comunidades chabolistas” hechas de chapa, sin acceso a luz ni agua potable.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) publicó un informe en enero en el que investigaba la realidad de estos asentamientos. Los poblados de “Don Domingo”, “El Hoyo” y “La Fuente” son los más extensos del territorio, con un área aproximada de 54.967 metros cuadrados y una población cercana al millar solo entre los tres, conformada principalmente por marroquíes, aunque también hay rumanos y senegaleses.
APDHA reconoció los esfuerzos del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde José Francisco Garrido (PP), para abordar esta problemática con la activación del I Plan Local. Aplaudieron que el consistorio reconociera a los afectados como “temporeros” y que promoviera viviendas temporales para realojar a quienes sean desalojados. Sin embargo, advirtieron que estas medidas siguen siendo insuficientes. “Se han creado algunas acciones concretas de atención, pero no son suficientes. Hay claras barreras en el acceso a los servicios públicos, y estos no cuentan con programas de atención especial efectivos que atiendan a la población”, señala el informe.
Choque entre asociaciones y el Ayuntamiento
El desalojo ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos. Miembros de la plataforma Derecho a Techo se congregaron en el lugar para denunciar el «abandono» de los desalojados por parte de las administraciones públicas. Señalaron que ninguna institución se ha preocupado por el destino de estas personas y cuestionaron la falta de asistencia del Ayuntamiento de Níjar.
Desde la plataforma, denuncian la inacción del consistorio al no facilitar a los desalojados las 62 viviendas temporales en la zona de Los Grillos, actualmente vacías y con capacidad para acoger a 166 personas.
No obstante, desde el Ayuntamiento explican que, en este caso, el gobierno local no puede intervenir, ya que se trata de una denuncia presentada por un particular contra 60 personas asentadas ilegalmente en su propiedad. El juez falló a favor del demandante y, según la administración local, no pueden hacer nada al respecto.
Asimismo, tampoco pueden facilitar el acceso a las viviendas mencionadas por las plataformas. “Las casas están listas desde hace un mes, sin embargo, no está aprobado el reglamento de uso de esas casas. Si metemos a estas personas ahí, estaríamos incumpliendo la ley. Es una situación complicada, pero no tenemos nada que ver”, indican desde el Ayuntamiento.
El Defensor del Pueblo Andaluz también solicitó al Ayuntamiento un análisis de la situación social y de vulnerabilidad de los afectados, aunque por el momento, la administración local se mantiene firme en su postura.
Apuntan a la patronal agrícola
Otro de los focos de crítica ha sido el papel de la patronal agrícola en la situación de los desalojados. Según la asociación Derecho a Techo, los empleadores de estos trabajadores deberían garantizar contratos y condiciones laborales dignas. No obstante, denuncian que muchas empresas permiten que sus empleados vivan en condiciones precarias sin ofrecer alternativas habitacionales adecuadas.
La entidad ha subrayado que el problema de la vivienda en Níjar no solo afecta a los trabajadores del campo, sino también a la clase trabajadora en general, ya que el aumento de los alquileres turísticos ha agravado la falta de viviendas asequibles.
Ante esta crisis social, se ha convocado una manifestación para el próximo 13 de abril con el objetivo de exigir soluciones habitacionales justas para todos los trabajadores. La plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para que se unan en la lucha por el derecho a una vivienda digna y participen en la movilización.