Los CIEs, además de caros, inútiles y fracasados
«Se gasta mucho dinero para sostener los CIE»
El SJM asegura en su último informe que ha crecido el número de internos con antecedentes porque «se quiere aumentar la percepción de legitimidad» de este sistema, como constata su auto
Ester Medina Madrid
FUENTE: Alfa & Omega, nº 1358, 13 al 19 Junio 2024, pág. 12
¿Se puede justificar el internamiento en un CIE con un expediente de expulsión por conducir con el carnet del país de origen en vez del español? Este es uno de los flecos que analiza Internamiento «muteado», el informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros en 2023 que ha sido presentado esta semana en el Congreso de los Diputados. El texto destaca cómo ha crecido desproporcionadamente el número de internados con algún antecedente penal o policial, algo sobre lo que el jesuita Pep Buades, autor de la investigación, arroja la hipótesis de que «se quiere aumentar la percepción de legitimidad del internamiento», haciéndonos pensar que quienes están allí son una amenaza para la seguridad ciudadana. Añade que, aunque esos casos son «poquísimos», también hay muchos con un historial nimio por delitos menores que no justifican esa medida.
«Estamos observando un excesivo e irresponsable uso del internamiento, pues comprobamos que en la mayoría de las ocasiones no existen fundamentos para internar a las personas en vez de decantarse por otras medidas más acordes a su situación personal y familiar», puntualiza María Morell, coordinadora del equipo del SJM de Valencia que visita los CIE. Estas alternativas podrían ser desde la presencia periódica en las comisarías hasta la retirada y custodia del pasaporte.
Además, explica que la mayoría de las veces no se tiene en cuenta ni la naturaleza del delito ni cuánto tiempo hace que se cometió; tampoco lo cerca que se encuentra de la posible cancelación o la trayectoria de arraigo. De hecho, y según sostiene el texto, la mayoría de las personas internadas en los CIE con causas de expulsión visitadas por el SJM tenían perfiles de arraigo. Esto quiere decir que muchos de ellos llevaban ya años en nuestro país, habían crecido en España o incluso tenían familiares cercanos con la nacionalidad española. Son unos perfiles para los que, según Morell, es totalmente desproporcionado el internamiento en estos centros, a los que define como «espacios testigos de vulneraciones de derechos fundamentales».
Una medida que no se sostiene
Gracias al acompañamiento cercano del SJM a los internos y las recurrentes visitas a sus centros, han podido también dejar constancia en el informe de las grandes carencias de este sistema; desde la precariedad de las instalaciones hasta los «insuficientes y negligentes servicios y las constantes situaciones de violencia que se generan en estos espacios», relata Morell. Por todo esto, la investigación califica el internamiento como «un fracaso».
«Se gasta mucho dinero para sostener los CIE», sostiene Buades. Los más de 30 millones de euros en obras de reformas, el coste de alojamiento y manutención de los internos y de personal o el dinero de los servicios que se prestan en ellos, hacen que sean «una institución muy costosa y muy poco eficaz», ya que en 2023 solo un 54 % de las personas internadas fueron finalmente expulsadas o devueltas. Entonces, ¿por qué se insiste en mantener una medida donde las personas sufren innecesariamente? Buades va más allá y apunta a la necesidad de las autoridades estatales de «crear un retén de internados para mantener la calma ante una opinión pública sacudida por el miedo al migrante.
Claves.
Existen diferentes maneras de que las personas ingresen en un Centro de Internamiento para Extranjeros:
Orden de expulsión. Es una sanción por una infracción administrativa como el trabajar ilegalmente o actividades contra el orden público. Suele conllevar restricciones para volver a entrar en el país.
Acuerdo de devolución. Se trata de una respuesta, normalmente inmediata, por parte del Estado a quien acaba de atravesar la frontera ilegalmente o quebrantando la prohibición de entrada.
Salida obligatoria. Es una me[1]dida que se aplica al afectado, nor[1]malmente por haber perdido la autorización de residencia, y que le permite aban[1]donar voluntaria[1]mente el país en un plazo determi[1]nado sin que se le impongan res[1]tricciones para su reingreso. Claves