Las religiosas adoratrices por una mejor normativa sobre la trata
Adoratrices piden más concreción en las medidas de identificación y reparación de víctimas en la Ley de Trata
Las religiosas demandan mayor cooperación internacional en la detección, identificación, asistencia y protección a las víctimas
FUENTE: ECCLESIA DIGITAL, 19 dic. 2022 13:35
Las religiosas Adoratrices han reclamado al Ministerio de Justicia mayor concreción en las medidas de identificación y reparación de víctimas que se incluyen en la Ley de Trataque el Gobierno aprobó el pasado noviembre, en primera vuelta, en el Consejo de Ministros.
Así lo recogen en las aportaciones que han hecho llegar al departamento que dirige Pilar Llop a través de la consulta pública abierta el pasado 7 de diciembre, en el transcurso habitual del proceso de tramitación de la norma.
La obra social ha celebrado el impulso que el Ejecutivo ha dado a esta norma por la que, según han explicado, llevan «años abogando». Sin embargo, consideran que hay ciertos puntos en ella que han de ser «enriquecidos».
Adoratrices ha pedido, así, al Gobierno una mejor definición de las Unidades Multidisciplinares de Identificación que se incluyen en el texto y que, a su juicio, «presenten lagunas y algunas contradicciones que deben ser resueltas», especialmente, en lo que tiene que ver con «la participación de las entidades especializadas en las mismas». Esto también sucede, según han explicado, con los artículos relacionados con la detección e identificación de las víctimas.
Mayor claridad
«Es necesaria una mayor claridad para establecer por qué vías, qué actores y en qué escenarios se debe producir, incorporando los aprendizajes generados bajo el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos de 2010», apuntan en el texto trasladado a Justicia.
En cuanto al proceso de identificación formal, Adoratrices reclama cambios en el mismo sentido. Cree que «presenta confusión con respecto a aspectos claves del proceso, incluido el rol de las entidades especializadas». Además, llama a ampliar los plazos del proceso de identificación que establece la ley «si la salud, el bienestar o la situación personal de la víctima así lo requieren», con el objetivo de «evitar su revictimización».
Los mismo ocurre, según ha denunciado la obra social, con las medidas para desvincular la denuncia del proceso de identificación de la víctima. Aunque Adoratrices celebra este paso y señala que el articulado reconoce expresamente este principio, advierte de que «no concreta las medidas que se deben adoptar para garantizar este derecho esencial».
Del mismo modo, califica de «insuficiente» el Fondo para la indemnización de las víctimas de trata y de explotación (FIVTE) creado para la reparación de las víctimas. A su juicio, debe ampliar su cobertura para indemnizar a las víctimas de trata y explotación cuando los tratantes no hagan frente a la indemnización a la que han sido condenados.
Organismos independientes
En sus propuestas también reclaman que la Relatoría Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos que crea la norma sea «independiente» y no «adscrita al Gobierno ni a ninguno de sus ministerios» y piden que se garanticen los medios presupuestarios, materiales y humanos que necesite para su tarea.
Además, considera «fundamental» que la cooperación internacional en materia de trata se haga extensiva también a la detección, identificación, asistencia y protección a las víctimas de trata y explotación, incluidos los casos en los que se use el Mecanismo Nacional de Derivación. «Este proceso de coordinación deberá incluir a las entidades especializadas», han indicado.
Por otra parte, critican que la aplicación del principio de no imposición de penas ni sanciones es «esencial» para garantizar la protección y recuperación de las víctimas de la trata y explotación, y está vinculado a la obligación positiva de los Estados de actuar con la debida diligencia para asistir, proteger y dotar de recursos efectivos a las personas que han sufrido la trata y la explotación.
Por ese motivo, ven «de vital importancia que el principio de exención de responsabilidad previsto para el ámbito penal» en la norma del Gobierno «se extienda, según la recomendación de los organismos internacionales, también al ámbito administrativo y civil».
