Ahogado cuando huía de la policía: su delito, ser un mantero para ganarse la vida-

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El mantero de Sevilla

 Mahmoud Bakhum, de 43 años, murió ahogado en río Guadalquivir, en Sevilla, cuando huía de la policía que le perseguía por su actividad ilegal vendiendo en la calle camisetas de equipos de fútbol. Era “un mantero”.

Es sabido que los migrantes sin papeles, cuando consiguen sobrevivir a una peligrosa ruta migratoria, se enfrentan a la violencia institucional. Cuando no son encerrados en CIEs, se ven obligados a trabajar en condiciones de absoluta precariedad y sin derechos laborales. Bakhum llevaba más de 10 años en España, tenía permiso de residencia y de trabajo en regla, pero estaba desempleado y se buscaba la vida trabajando de “mantero” para mandar dinero a su familia en Senegal.

Sus vecinos se manifestaron ante la comisaría de policía, donde uno de ellos fue detenido por “atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños”.

No están claras las circunstancias de su muerte. La Policía modificó varias veces su versión, pero sostiene que Bakhum se tiró al río, luego de correr kilómetro y medio con su hato de ropa, para evitar ser capturado.

Organizaciones sociales, humanitarias y antirracistas no se creen la versión policial y se han manifestado pidiendo una investigación objetiva. ¿De veras se tiró al río sin saber nadar? Y en ese caso, ¿por qué? Denuncian que no es un “desliz puntual” de la policía, sino que se trata de una violencia ejercida día a día con redadas policiales, deportaciones y la criminalización que sufren en Sevilla los vendedores ambulantes que «intentan buscar el pan» y que son tratados como delincuentes, cosa que no ocurre con los españoles que se dedican a la misma actividad.

Señalan al alcalde de la ciudad por implementar un plan contra los colectivos más vulnerables de la venta ambulante, y dicen que es el «responsable político último de la muerte» del senegalés. Y recuerdan que Sevilla es la ciudad del Estado español con los barrios más pobres y con importantes bolsas de exclusión social, por lo que criminalizar la venta ambulante “supone un ataque directo contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”.

 

 

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