Los CIEs italianos no son mejores que los españoles

Estalla un motín en un centro de internación de extranjeros en Roma luego del suicidio de un inmigrante

El joven guineano de 22 años que se quitó la vida en el centro había llegado en los últimos días desde otro centro de migrantes en Trapani, en Sicilia

FUENTE: El Debate, 04/02/2024

Un grupo de inmigrantes del Centro de Permanencia y Repatriación (CPR) en Ponte Galeria, en Roma, se enfrentaron a la Policía lanzando piedras, después de que en la mañana de este domingo un joven guineano de 22 años fue encontrado colgado de una sábana de las rejas de su habitación.

Algunos de los migrantes del centro rompieron las puertas de hierro de la entrada al centro y empezaron a lanzar piedras contra la policía, que respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos y cañones de agua.

También intentaron dar fuego a un coche de la Policía, pero las llamas fueron inmediatamente apagadas, según los medios italianos.

Durante los altercados no se registraron heridos entre los migrantes ni las fuerzas del orden y la situación volvió a la normalidad.

El joven guineano de 22 años que se quitó la vida en el centro, según aseguraron un grupo de activistas, había llegado en los últimos días desde otro centro de migrantes en Trapani, en Sicilia, donde también se habían producido algunos altercados.

El diputado y secretario de +Europa, Riccardo Magi, que acudió al lugar, explicó que al joven se le había visto llorar desesperado en muchas ocasiones y pedir volver a su país porque tenía dos hermanos pequeños.

La senadora del partido Verdes e Izquierda, vicepresidenta de la comisión parlamentaria de Justicia, Laria Cucchi, explicó que hace unos meses presentó una denuncia ante la fiscalía de Roma, precisamente sobre este centro, después de haberla visitado con una cámara oculta, ante las condiciones que encontró en las que vivían los migrantes.

Los CPR son centros donde se envían a los migrantes indocumentados en espera de que sean repatriados a sus países y pueden permanecer encerrados un máximo de 18 meses, según las últimas normas aprobadas por el Gobierno de Giorgia Meloni.

 

 

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