El gran retroceso del pacto europeo sobre migración
El pacto europeo de migración y asilo
Después de tres años de discusiones, la Unión Europea aprobado hace unos días su “Pacto de migración y asilo”. El documento se fue endureciendo a medida que la extrema derecha avanzaba en el Continente, imponiendo la mano dura contra la migración y en el diseño de la “Europa fortaleza”.
Sus señorías se han olvidado de la creación de vía legales y seguras para que los migrantes puedan acceder a protección internacional en Europa. Tampoco se han interesado por crear un programa de salvamento en el Mediterráneo, donde en los últimos diez años han muerto 27.845 personas, dejando esta labor en manos de unas ONG cada vez más perseguidas y obstaculizadas. Ni por limitar el expolio que empresas occidentales hacen de las riquezas de los países generadores de migrantes. Ni de cooperar con esos países para poner en marcha procesos de desarrollo económico y social inclusivos…
El Acuerdo se basa en un endurecimiento del control de las fronteras exteriores de la UE, de las reglas para la concesión de asilo y de las condiciones a las que serán sometidos los migrantes mientras se resuelvan sus expedientes, además de un refuerzo de las deportaciones. De hecho, legitima las prácticas habituales de violencia, abandono, tortura y dejar morir a las personas. También contempla el acuerdo la financiación de los “terceros países seguros” (léase Marruecos, Túnez, Libia, Argelia…).
Las ONGs, organizaciones de derechos humanos o de la sociedad civil y varios relatores de la ONU han levantado su voz unánime contra el Pacto, al que califican como un camino de vulneración de derechos, un retroceso de decenios en el derecho de asilo europeo y una forma de pisotear los valores europeos y el Derecho Internacional. La nueva norma parece incumplir varios protocolos internacionales y de la propia UE, entre ellos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Critican específicamente las líneas de profundizar la “securitización” de las políticas migratorias, ahondar en las prácticas de externalización, normalizar la deportación, ampliar arbitrariamente el margen para la detención de las personas (incluyendo a niños y sus familias), justificar los comportamientos racistas, usar los procedimientos de “crisis” para permitir las devoluciones de migrantes en frontera a sus países de origen o a “terceros países seguros”, donde se exponen al riesgo de tortura, violencia y encarcelamiento arbitrario. Algunos hablan de un “cheque en blanco” para la suspensión de prácticamente todos los derechos de las personas en busca de protección.
Muestran especial preocupación por la facilidad que habrá para detener a niños y para que se prolongue el tiempo de detención, con consecuencias en la salud mental.
La UE, dicen, ha perdido la oportunidad de acordar un mejor reparto de responsabilidades y normas de solidaridad. La reticencia para acoger refugiados refleja la falta de voluntad de Europa para compartir la riqueza que acumuló mediante la esclavitud, el colonialismo, el genocidio y la permanente explotación, con las mismas personas a las que sigue explotando.
La Iglesia Española, a través de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, ha mostrado su decepción por la “oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa”, que pone la protección de las fronteras por encima de la solidaridad con las personas. La Iglesia reitera su apuesta por el “establecimiento de vías legales y seguras para una migración ordenada, habilitando corredores humanitarios cuando sea necesario y coordinando políticas entre las diferentes administraciones y países”.
