¿Quién paga los vuelos de inmigrantes de Canarias a la Península?

Fuente: redaccion@20minutos.es (20minutos)

La llegada de vuelos desde Canarias a distintos puntos de la península, con inmigrantes en ellos, ha levantado una fuerte polémica entre territorios y el Gobierno central.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha negado este viernes que se estén autorizando traslados incontrolados a la península y ha reiterado que el Gobierno sólo ha organizado algunas reubicaciones atendiendo a dos criterios: que sean personas en situación de vulnerabilidad o que puedan ser susceptibles de protección internacional.

No es el caso de quienes han llegado en los últimos días desde Canarias a Granada, Valencia y otras ciudades de la Península. Son personas que, según el Gobierno, se pagan un billete en un vuelo comercial de su bolsillo para salir de las islas, donde ninguna ley les retiene.

El Gobierno considera, además, que repartir a los inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas alentaría a las mafias y podría generar un efecto llamada.

Pero, ¿quién paga realmente estos billetes?

La primera de las hipótesis sería que es el propio Gobierno central el que está repartiendo a los inmigrantes por toda la península ibérica.

El Ejecutivo lo niega, pero hay algunas pistas que sostendrían esta teoría. Hace menos de un mes, el propio ministro Grande-Marlaska fue muy claro: «No vamos a convertir Canarias en un nuevo Lesbos».

La situación se ha visto desbordada, con cifras no vistas desde el año 2006, el de la famosa crisis de los cayucos, cuando las islas afortunadas recibieron unos 30.000 migrantes.

«Es una situación de urgencia», admitió Marlaska, lo que podría ser una pista de esa posible forma de actuar del Gobierno, descongestionando Canarias.

La segunda de las hipótesis es que tras estos vuelos está el propio archipiélago, en concreto tanto el Gobierno autonómico como el sector turístico.

Para ambos actores es fundamental que el fenómeno migratorio no dañe la imagen turística de Canarias, puesto que no en vano es la principal industria de esta comunidad.

Otro punto importante que apoya esta hipótesis es que ya ha ocurrido en el pasado. En el año 2001, el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el ‘popular’ José Manuel Soria (que posteriormente sería ministro de Industria, Energía y Turismo bajo la presidencia de Mariano Rajoy), admitió haber pagado el vuelo a 200 inmigrantes desde Canarias hasta la Península.

En aquel momento, Soria llegó a decir que el consistorio grancanario lo hacía desde el año 1995.

Y a nivel interno también pasa. En esta misma crisis, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, fletó tres autobuses para sacar a los inmigrantes de su municipio y llevarlos a Las Palmas.

La tercera hipótesis es que son las propias mafias que sacan a los inmigrantes de África con destino a las Canarias. Los africanos pagan alrededor de 3.000 euros para viajar a España y entrar ilegalmente en el país. Según esta hipótesis, en ese dinero está incluido el billete de avión que permitiría al inmigrante poner los pies en la península ibérica.

Muchos de los inmigrantes que llegan irregularmente a Canarias tienen su pasaporte en regla y cuentan con un móvil, instrumento básico para comprar un billete o recibir una transferencia para poder abonarlo.

Con el pasaporte en la mano, la compañía área solo va a comprobar su identidad en la puerta de embarque, con lo que quien tiene recursos económicos para comprar el billete no encuentra mayores barreras para trasladarse a la Península.

En no pocos casos, de ahí viajarán a otros países europeos, destacan fuentes policiales, que recuerdan que en muchas ocasiones el destino final de estas personas no es España, sino Francia o Italia, donde cuentan con familiares o amigos ya asentados.

Cuando un inmigrante arriba a las costas españolas y no tiene opciones de obtener protección internacional, como asilo o refugio, se le abre un expediente de expulsión, pero la deportación no siempre es factible porque su país de origen no la acepta. Con la pandemia, las devoluciones se han visto restringidas al máximo, incluso con países con los que existen acuerdos de repatriación.

Pasadas 72 horas, periodo que se dedica al reconocimiento médico, la prueba PCR y la filiación, estas personas tienen libertad de movimientos si no hay perspectivas de que se pueda ejecutar su devolución en sesenta días, periodo máximo que pueden permanecer en un Centro ce Internamiento de Extranjeros (CIE).

Y, como ha señalado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en España «no hay fronteras internas».

Su libertad de movimientos solo está restringida, como la del resto de ciudadanos, por las limitaciones establecidas por el estado de alarma ante la pandemia, ha añadido el ministro del Interior.

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad